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Han pasado trece años desde que se dictó la Ley de Transferencia; once de la Ley Federal de Educación. Estamos en otra etapa en la Argentina: hemos cambiado de milenio, de siglo y hay nuevos problemas, otros sujetos y nuevas maneras teóricas, políticas y pedagógicas de abordar la cuestión educativa. A fines de 2003 el Ing. Felipe Solá, Gobernador de la Provincia, hizo público el Plan de Gobierno en Educación para el período 2004-2007, que proyecta importantes reformas y que hoy se están llevando adelante. Desde junio hasta octubre de 2004, desarrollamos un proceso de consulta a la comunidad educativa provincial que abarcó a docentes, padres, adolescentes y sectores representativos de la sociedad civil, en el cual participaron alrededor de doscientas mil personas, y que permitió determinar las prioridades, en el marco del mencionado Plan. En enero de 2005 dimos a conocer públicamente los resultados de la consulta, y las medidas que se tomarían en consecuencia. La convicción de la necesidad de una política educativa apoyada en la participación, la planificación y la conducción, guía el accionar de esta gestión.
Es impactante que la casi totalidad de los docentes, los padres, los adolescentes y los demás sectores consultados, hayan coincidido en encabezar la lista de problemas y la lista de soluciones, mencionando la capacitación de los educadores. Analizando en profundidad las respuestas a la consulta -que por cierto constituyen un material inagotable para el conocimiento de nuestra sociedad y nuestra educación- puede agruparse la demanda de capacitación, junto con numerosas menciones a la articulación y organización del sistema. Una de las conclusiones de esa lectura es que hay una demanda de sistematización y profesionalización del sistema educativo, que permita superar la dispersión institucional, la superposición de normativas y la desorientación pedagógica con las cuales finalizó la década de 1990. Estamos entrando paso a paso en la post-crisis y el sistema educativo debe adecuarse a este momento histórico.
En las décadas de 1980 y 1990 los formadores de opinión que inciden sobre la comunidad educativa- pedagogos, dirigentes del sistema educativo, organismos internacionales, etc., difundieron una representación del antiguo sistema escolar que lo mostraba caduco e ineficiente frente a las nuevas tecnologías de comunicación y a los nuevos desarrollos técnicos de la didáctica, la medición aplicada al proceso educativo y los mecanismos de control de las conductas y los aprendizajes. La revolución tecnológica cambiaba el mundo pasando por fuera de la escuela y la ciencia de la educación producía saberes técnicos que la escuela difícilmente asimilaba. Se construyó, entonces, una gran ilusión, que por cierto sólo era nueva en su forma pero antiquísima en su contenido: la de sustituir las viejas formas de gobierno, de administración y de enseñanza, por tecnologías que prescindieran del factor humano. La tecnología no pudo sustituir al factor humano, pero tampoco fue suficientemente asimilada por los educadores y por los sistemas escolares como para incidir de manera significativa en su capital cultural.
Es necesario ser cuidadosos al diagnosticar el papel del maestro y los rituales que le rodearon. Esos rituales formaron parte de un sistema que logró realizar la operación educativa más amplia de la historia, llevando la educación básica a las grandes mayorías y la educación media a considerables sectores de la población mundial. La deslegitimación del docente es parte de una idea tecnocrática del futuro, una operación de deshumanización que afecta no solo a los docentes sino al conjunto de los adultos en su rol de transmisores de cultura. Recordemos que para que esta última se produzca, es necesario un educador supuesto de saberes por parte de educandos a quienes se considera capaces de aprender.
Si creemos que la educación tiene como pilares al maestro y al alumno, es necesario re-investir al primero como portador de saberes y presuponer en el segundo igualdad en su capacidad de aprendizaje. Los sistemas escolares constituyen un escalón civilizatorio, porque vehiculizan el pasaje de la dispersión feudal (la medioeval y la que nos acecha cuando avanzan las formas más agudas del antiestatismo y antiorganicismo social). La consistencia de la educación sistemática es indispensable para transmitir la comprensión del bien común, de la necesidad de lo público, del cuidado del medio ambiente, de los derechos humanos, y provee instrumentos culturales para la asociación.
Nuestra sociedad necesita promover mejores y más justos y más productivos vínculos políticos, culturales y sociales, lo cual requiere de esfuerzos específicos, gran parte de los cuales le corresponden a la educación. Por esa razón, la función de enlace que los Inspectores deben cumplir, tiene un alto compromiso social y político, y de su calidad depende en gran parte el funcionamiento del sistema y su relación con la sociedad. No basta, pues, con ocuparnos de capacitar a quienes están al frente del aula, sino que es necesario fortalecer a los inspectores.
El itinerario recorrido mediante una tradición selectiva de las funciones de los inspectores de escuela establece líneas de continuidad con nuestro presente. En ese sentido es que debemos pensar, simultáneamente, el lugar del inspector como un significante portador de una herencia que puede inscribirse en la historia larga del sistema educativo bonaerense y como un rol cargado de potencias a ser desplegadas.
La idea de herencia no debe ser entendida como un derecho o un privilegio al cual determinados sujetos acceden, por su grado de filiación o parentesco con determinada persona, institución o comunidad, sino como el conjunto de rasgos morales, científicos, ideológicos, etc., que, habiendo caracterizado a alguien, continúan advirtiéndose en sus descendientes o continuadores[1]. Este conjunto de disposiciones se deberán retomar y traducir en saberes del trabajo, alimentándose con estudio, investigación y consultas.
Pero hacerse cargo de una herencia requiere creatividad. La creatividad es un rasgo que nos caracteriza a cada persona o colectivo como singularidad, y que se manifiesta en el cuerpo y el espíritu a través de nuestra capacidad de afectar y ser afectados. Cuando el hombre despierta y despliega su potencia creativa dormida, y se deja afectar por el legado que selecciona, acumula un acerbo que le permite dar respuestas a las demandas del contexto socio-histórico donde se desenvuelve cotidianamente.
Por lo tanto, lejos de ser una función meramente reproductora, las funciones que los Inspectores llevan adelante constituyen una profesión compleja, multidireccional y cargada de posibilidades vinculadas a la comunicación de saberes pedagógicos, actividades de enlace y transmisión de información significativa. Tienen un trabajo orientador y organizador dentro del sistema, poniéndose al frente del mismo, asumiendo la tarea de conducir la gestión educativa integral.
Junto a la herencia que reciben, los Inspectores son portadores de un saber constituido como resultado de la experiencia personal, que se nutre del conocimiento de la región y los distritos que tienen a su cargo. Estos saberes son fundamentales para ponderar, articular, cuestionar y definir la validez de otros conocimientos circundantes.
La cuestión anida en evitar, por todos los medios posibles, que el cargo, la función, lo instituido, se devore a la persona, anestesie sus potencias, reduzca sus posibilidades de combinar y ofrecer respuestas a los desafíos que se presentan. Que la burocratización empantane sus reflejos, la tecnocracia apague sus saberes pedagógicos y la distancia con la escuela crezca cada vez más. La mejor forma de cargar con la herencia es enfrentándola, resignificándola y otorgándole, en la práctica cotidiana, nuevos sentidos.
Muchas de las demandas son instaladas por el contexto específico donde desenvuelve su tarea cada uno de los inspectores. Por lo tanto, lo que para el inspector de un determinado rincón de la provincia es un problema significativo, no lo es para otro que sin embargo está acuciado por otras problemáticas. Cierta flexibilidad en lo que hace a establecer prioridades no parece un dato menor en lo que hace al ejercicio de la función, considerando la amplitud y diversidades que encierra la Provincia.
En cierto sentido, el inspector cumple funciones que podríamos denominar de auditor pedagógico. En ese aspecto de su rol, el inspector verifica el funcionamiento esperable del proceso educativo, de acuerdo a las normas establecidas, pero buscando formas de adaptarlas a las diversas y en ocasiones muy difíciles situaciones que encuentra, dentro de márgenes aceptables.
Por todo esto, hemos creado el cargo de Inspector General y nombrado 25 Inspectores Jefes Regionales de Gestión Estatal, 25 Inspectores Jefes Regionales de Gestión Privada y 135 Inspectores Jefes Distritales, como parte de un conjunto de reformas que responden a una concepción política y pedagógica integral que atiende al corto, mediano y largo plazo, tanto como es posible en una época como la nuestra. No se trata de una medida burocrática más, ni de un cambio destinado a convalidar rutinas establecidas, sino de una medida dentro del conjunto de transformaciones educativas que la Provincia necesita con urgencia y que incidirán en su futuro.
La creación del cargo de Inspector General reconoce una extensa tradición en nuestro país, lo cual no implica que haya una ausencia de nuevas representaciones respecto de aquél. Deseos, temores, inquietudes, prejuicios se cuelan subterráneamente, están presentes. La pregunta es qué se hace con todo eso. Ahí parecen fundamentales dos cosas: escuchar a los futuros inspectores (que tienen para decir, cuáles creen que son sus funciones específicas) y no dejar dudas respecto a qué se espera de ellos.
Estamos trabajando en la capacitación de los Inspectores Jefes en cuatro tipo de competencias: económicas, pedagógicas, culturales y políticas. La competencia económica refiere a la eficiencia para la captación y utilización de recursos y elementos técnicos en forma racional; la competencia pedagógica refiere al conocimiento de la realidad educativa de todo el sistema y se refleja en la capacidad para formular objetivos educacionales y diseñar estrategias pedagógicas; la competencia cultural refiere a la participación de la comunidad toda para mejorar la calidad de vida; la competencia política refiere a la capacidad para percibir el ambiente externo, su influencia sobre el sistema educativo regional y la habilidad para, desde la acción concreta, satisfacer las necesidades educativas en el marco de las políticas provinciales.
